Lcdo.
Raúl Luis Risco Pérez.
La precaria y calamitosa situación
económica-social que vive el país ha ocasionado enormes pérdidas de valores en
la sociedad cubana, lo cual fue reconocido por el propio Raúl Castro Ruz, en la
Primera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 7 de julio de
2013.
En este contexto han florecido la corrupción y el delito. En amplios
segmentos de la población, esta prolongada y profunda crisis ha generado que
proliferen el egoísmo, la mentira, la doble moral, la envidia, la venganza
personal, el odio, la división de la familia y la realización de cualquier otra
actividad que resulte válida para sobrevivir en esta jungla. Estos males han
alcanzado niveles increíbles.
Miles de nuestros niños crecen viendo cómo sus
padres, obligados por las circunstancias, viven del robo y en la ilegalidad en
su más amplia expresión; ésos son niños que, a edades tempranas, terminan como
sus progenitores: en las cárceles. Hoy es casi imposible encontrar un hogar
cubano donde algunos de sus descendientes no hayan estado o estén en prisión.
En estas más de cinco décadas de fracasos y
frustraciones del ciudadano, se ha desarrollado la ética que lo permite todo;
el cubano no vive honradamente del resultado de su trabajo porque los míseros
salarios no alcanzan ni para alimentar a la familia el mes completo, lo cual ha
sido reconocido públicamente por el general-presidente Raúl Castro.
El trabajo
honrado dejó de ser hace muchos años la fuente principal de sustento de la
familia cubana, lo que constituye la génesis principal de la indisciplina
social y laboral, de la corrupción y el delito. Miles de jóvenes en edad
laboral no trabajan y se les puede ver diariamente ingiriendo bebidas alcohólicas,
acosando a turistas, revendiendo los productos que se expenden en las tiendas y
comercios, duplicándoles el precio o simplemente entrando y saliendo de las
cárceles.
Como resultado de este desastre nacional,
existe un proceso de marginalización y un incremento vertiginoso de la
mendicidad, camino por el que se transita a grados superiores de degradación
personal.
Para que se tenga una idea de lo que ha
sucedido en nuestro país, expondré algunos datos estadísticos que demuestran el
galopante y acelerado proceso de pérdida de valores morales de la sociedad
cubana.
Cuba, que jamás se caracterizó por su alto
índice de personas encarceladas, contaba con unos 14 centros penitenciarios en
1959 y entre 4 ó 5 mil presos; hoy cuenta con más de 60 mil sancionados y
alrededor de 200 centros penitenciarios.
El Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ha situado a nuestro país entre los seis países con mayor
población penal por cada 100 mil habitantes, y el primero entre los países de
Iberoamérica.
En el crecimiento vertiginoso de penados en Cuba a partir de
1959, además de todo lo anteriormente expuesto, ha influido especialmente la
errática política penal aplicada, porque lejos de analizar las causas que
provocan el delito y buscarles solución, se ha decidido construir prisiones
para detener el delito, lo que es igual que construir cementerios para detener
enfermedades mortales.
Esta enorme cantidad de presos y prisiones, en
una nación pobre y pequeña como Cuba, refleja claramente la grave, precaria y
calamitosa situación que se ha producido y en la que vive el país, ocasionando
enormes pérdidas de valores morales y espirituales.
Es un círculo vicioso: más
sancionados, más delincuentes, más corrupción y más personas que son pasto de
un sistema degradado de justicia penal, que antepone los valores estatales a
las necesidades reales de la población, causante esta que en última instancia
es la generadora de todos los males.
Desafortunadamente, se ha convertido Cuba en
una gran prisión y sus cárceles en cementerios de hombres vivos. Unido a ello
nos percatamos de que las sanciones que imponen los tribunales no guardan
relación en la gran mayoría de los casos con el daño causado, siendo el Código Penal vigente de los más
extremadamente severos y coercitivos de nuestro entorno geográfico
latinoamericano.
Analizar las causas que provocan el delito y
buscarles soluciones, es una responsabilidad que tenemos todos ante las nuevas
generaciones de cubanos y el futuro de la nación. La solución a tales condicionantes
no siempre debe ser el camino de la represión penal. Desafortunadamente hemos
vivido en la inopia económica y la anomia social.
La organización de una sociedad tiene como
condición indispensable el establecimiento de reglas que deben ser respetadas,
en las que como elementos organizativos deben predominar las libertades
individuales y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Puedo afirmarles que nuestra nación no
funciona como un Estado de Derecho, ya que, en éste, como principio de gobierno,
todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas y el propio
Estado, están sometidos a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir
a todos por igual y se aplican con total independencia, además de ser
compatibles con las normas y principios internacionales de Derechos Humanos.
La constitución política vigente no garantiza
la protección de los derechos humanos (naturales) de acuerdo con las normas
internacionales que el propio gobierno cubano reconoce, pero no implementa.
Tampoco existen separación e independencia de los poderes, la verdadera
propiedad privada, la libertad de opinión, reunión y manifestación, el derecho
a la huelga y el paro laboral, entre otros. El ejercicio de dichos derechos
individuales por parte del ciudadano está elevado al rango de delito.
Restablecer en nuestro país una cultura
constitucional que limite el poder del gobierno es esencial para la creación de
un Estado basado en la ley.
El papel de un poder judicial independiente en
crear un Estado con un funcionamiento eficaz es trascendental, como lo es el de
los tribunales que estén encargados de proteger los derechos humanos y los
derechos de propiedad, haciendo cumplir los marcos legales que sostengan un
óptimo funcionamiento de la economía de mercado.
Sin la independencia del Poder
Judicial, continuarán viéndose seriamente afectados los esfuerzos por
democratizar el país y el desarrollo económico.
La separación e independencia de los tres
poderes es la garantía infalible contra el despotismo y la dictadura.
Según la
actual Constitución, la
Administración de Justicia está subordinado jerárquicamente a la Asamblea
Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado (artículos 121, 126, 128 y
129).
Por otro lado, este mismo Consejo de Estado (que encabeza su presidente,
que a la vez es el Primer Secretario del Partido Comunista y único), tiene la
facultad constitucional —según el artículo 90, inciso ch— de dar a las leyes
vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria.
Este
mismo artículo, en su inciso h, lo faculta a impartir instrucciones de carácter
general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo
Popular. A todas luces, esto demuestra que la vigente Constitución parte del principio de la existencia de un solo poder,
que es el ejecutivo.
En un Estado de Derecho, la protección de los
derechos y libertades individuales y públicas de las personas no puede estar
prohibida por ley, como sucede en Cuba.
La existencia de partidos políticos, la
libertad de expresión y prensa, de reunión y de asociación, son principios
universalmente reconocidos que la actual Constitución
reconoce en sus artículos 53 y 54, pero a la vez los condiciona sólo a los
fines de la sociedad socialista.
Para no dejar algún resquicio legal para los
discrepantes, los escogidos para elaborar la Constitución rematan con el numeral 62 el cual dice: “Artículo 62-
Ninguna de las libertades reconocidas puede
ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la
existencia y fines del Estado Socialista, ni contra la decisión del pueblo
cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este
principio es punible”.
Por tanto, al analizar ese precepto nos
percatamos de que los “derechos” que enuncia la vigente Constitución en realidad no existen. No existe derecho cuando éste
nace prohibido.
Si algo
debe prevalecer por encima de otras cosas y aplicarse como una "camisa de
fuerza”, sería el imperio de la ley, entendida ésta como la existencia
irrestricta de un Estado de Derecho
garantizador de los derechos individuales y colectivos, Pero para ello es
imprescindible que exista un Poder Judicial independiente, que entre sus
funciones tenga el de poder regular la legalidad de los actos del Estado y no
que sea un arma política del Estado.
Abraham Lincoln aseguró: “No se puede formar
el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia, su libertad y su
iniciativa”.
Se ha olvidado que en el disentir está la
riqueza del diálogo y de la vida misma, cuando sólo la madurez, el respeto y la
voluntad de ser justos y equitativos nos permite aceptar la diferencia como
parte del todo, combatiendo la natural tendencia a ser intolerantes y creernos
dueños exclusivos de la verdad.
Cuba es de todos los cubanos. Nuestros padres
fundadores —Varela y Martí— lo dejaron bien claro.
Quienes excluyen a parte
grande o pequeña de los cubanos están negando un derecho sagrado: el derecho a tener
Patria, a tener raíces nacionales, a ser parte de la comunidad donde se ha
nacido y crecido.
En la diversidad de iniciativas está la
verdadera riqueza de las personas, de las instituciones y del país. La
uniformidad y el control excluyente han empobrecido a nuestra nación.
Hay que
permitir sin reprimir, que se escuche el clamor del pueblo, de los que pensamos
diferente, de los que proponemos otro proyecto para el bien de todos.
